En un comunicado reciente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado urgente al gobierno de México para detener la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Esta medida legal, que permite encarcelar a personas sin juicio, ha sido objeto de críticas diversas por su impacto en los derechos humanos.

Impacto de la prisión preventiva oficiosa

La ONU-DH argumenta que la prisión preventiva oficiosa conlleva una serie de violaciones a los derechos humanos fundamentales. Esta práctica se ha considerado contraria a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Entre las preocupaciones destacadas por la organización se encuentran:

• El encarcelamiento prolongado sin condena.
• El aumento en el número de personas detenidas injustamente.
• Las condiciones inadecuadas en los centros penitenciarios.

Asimismo, el organismo resalta que esta medida contribuye a la sobrepoblación carcelaria, creando un entorno que puede facilitar la violación de derechos de los detenidos. Señalan que el uso excesivo de la prisión preventiva no solo afecta a quienes son privados de su libertad, sino también a sus familias y comunidades.

“Hace un llamado a encontrar alternativas justas y efectivas a la encarcelación, priorizando siempre el respeto a los derechos humanos”, afirmó uno de los representantes de la ONU-DH.

El llamamiento de la ONU-DH busca impulsar un diálogo entre las autoridades mexicanas y la sociedad civil para reformar el sistema judicial y garantizar un trato más justo y humano hacia todas las personas sujetas a proceso penal en México.