En Nicaragua, una controvertida reforma constitucional ha reforzado el control del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sobre el país. Esta reforma otorga a la pareja presidencial poderes casi absolutos, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional y entre los defensores de los derechos humanos.
Detalles de la reforma y sus implicaciones
La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional, controla varios aspectos del poder estatal y refunda la estructura del gobierno. Según los críticos, las modificaciones otorgan a Ortega y Murillo la capacidad de consolidar su control sin restricciones significativas. Se destaca que el sistema judicial, los medios de comunicación y otras instituciones ahora estarán bajo una influencia aún mayor del Ejecutivo.
La comunidad internacional ha expresado su malestar sobre esta legislación. Varios organismos han subrayado las potenciales violaciones a los derechos democráticos y el riesgo que representa para el funcionamiento libre e independiente de las instituciones nicaragüenses. Un analista político señaló:
“Esta reforma representa un retroceso significativo para la democracia en Nicaragua y perpetúa el poder de Ortega y Murillo de manera preocupante”.
Algunos datos relevantes sobre la situación actual en Nicaragua incluyen:
- Ortega ha estado en el poder desde 2007, con una trayectoria política que se remonta a la década de los 80.
- Se estima que más del 70% de la población de Nicaragua vive en situación de pobreza o de pobreza extrema.
- La comunidad internacional, incluyendo a la OEA y la ONU, ha manifestado preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en el país.
A medida que la situación en Nicaragua evoluciona, la atención internacional se centra en las repercusiones de esta reforma y en las acciones futuras del gobierno de Ortega.
