En un paso significativo para el sistema judicial mexicano, la prisión preventiva oficiosa ha sido aprobada por la mayoría de los congresos estatales del país. Esta medida ha generado un intenso debate, ya que enfrenta posturas a favor y en contra debido a su impacto en los derechos humanos y la seguridad pública.

Aprobación Legislativa

El Congreso de la Unión había propuesto previamente esta reforma, la cual ahora ha sido ratificada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, cumpliendo con el requisito constitucional para su implementación. Este tipo de prisión preventiva permite que ciertos delitos, considerados de especial gravedad, se persigan de oficio, es decir, sin necesidad de que el juez determine expresamente la medida en cada caso.

La reforma prioriza delitos como:

• Homicidio
• Secuestro
• Trata de personas
• Delincuencia organizada

Partidarios de la modificación argumentan que ayudará a combatir la impunidad y a reforzar la seguridad pública. Sin embargo, críticos expresan preocupaciones sobre potenciales abusos y violaciones a los derechos humanos. Un portavoz de un grupo defensor de derechos humanos señaló,

“Esta medida puede llevar a un uso excesivo de la prisión preventiva y afectar a personas inocentes por la falta de una evaluación judicial individualizada.”

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría ser el escenario de nuevas discusiones si se presentan controversias constitucionales al respecto. La implementación de esta reforma será clave para observar cómo equilibra las preocupaciones de seguridad con la protección de los derechos fundamentales en México.