El exmandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido sentenciado a seis años de prisión por su implicación en eventos que ocurrieron durante su mandato presidencial. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia lo encontró culpable de delitos que resultaron en la pérdida de vidas humanas durante las protestas de 2003, conocidas como la “Guerra del Gas”. Este juicio marca un hito en el sistema judicial de Bolivia al condenar a un ex presidente por acciones durante su administración.
Contexto y Decisión Judicial
Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia en dos períodos, de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003, huyó a Estados Unidos en 2003 tras el estallido de violentas protestas en Bolivia. Las manifestaciones, que surgieron en respuesta a un controvertido plan de exportación de gas natural, resultaron en decenas de muertes. El tribunal lo halló responsable de ordenar la represión violenta contra los manifestantes, resultando en muertes trágicas.
“Esta sentencia es una reivindicación para las víctimas y sus familias”, afirmó uno de los principales abogados que representó a las víctimas.
La sentencia también incluye a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa, quien enfrenta cargos similares y ha sido igualmente sentenciado a prisión. Sin embargo, ambos se encuentran fuera del país, lo que complica la ejecución de las sentencias.
- Presidente en dos periodos: 1993-1997 y 2002-2003
- Se exilió en EE. UU. tras las protestas de 2003
- Sentenciado a 6 años de prisión
A lo largo de su juicio, varios testigos relataron los dramáticos eventos que se desarrollaron durante las manifestaciones, enfatizando el uso desproporcionado de la fuerza militar. La corte escuchó los testimonios de familiares y sobrevivientes que aún buscan justicia. Este veredicto representa un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia en Bolivia, y envía un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos por sus actos mientras están en el poder.
La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, y diversos organismos de derechos humanos han aplaudido la decisión del sistema judicial boliviano. Por su parte, la defensa de Sánchez de Lozada ha indicado que apelarán el fallo, alegando que el juicio tuvo motivaciones políticas.
