En los últimos siete años, México ha experimentado un alarmante incremento del 29.7% en la población femenina encarcelada. Este aumento refleja una problemática compleja en torno al sistema judicial y social del país.
Aumento en la población femenina privada de la libertad
Actualmente, más de 13,000 mujeres se encuentran en prisión en México. Este crecimiento pone de relieve la necesidad de revisar y revaluar las políticas penitenciarias y judiciales relacionadas con las mujeres. Algunos expertos argumentan que múltiples factores contribuyen a este fenómeno, incluidos problemas sociales y económicos, así como cuestiones relativas al acceso limitado a una defensa legal adecuada.
Datos recientes proporcionan una perspectiva cuantitativa sobre la situación actual:
- En 2015, había aproximadamente 10,000 mujeres en prisión.
- En 2022, este número superó las 13,000.
- El incremento en cifras absolutas es de casi 3,000 internas.
El aumento en las cifras también puede estar relacionado con cambios en la legislación o en la aplicación de las leyes, que han llevado a un mayor número de mujeres a ser procesadas y sentenciadas. Adicionalmente, se ha observado una tendencia en el uso de prisión preventiva, que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, destacando que muchas de las mujeres en prisión enfrentan condiciones difíciles y falta de acceso a servicios básicos. Estas organizaciones han llamado a las autoridades para abordar la situación con urgencia y sensibilidad, especialmente en temas relacionados con la rehabilitación y reintegración social.
“Es vital que se implementen estrategias que aborden los problemas subyacentes que llevan a las mujeres a situaciones donde delinquen,” señaló un activista de derechos humanos.
De cara al futuro, México enfrenta el reto de encontrar soluciones efectivas y justas para reducir el número de mujeres encarceladas, garantizando al mismo tiempo que se respeten sus derechos humanos y se promueva su reintegración a la sociedad. Esto incluye tanto reformas legales como inversiones en programas de apoyo social y económico para las mujeres en riesgo.