Extradición solicitada para resolver asesinato de periodista Valdez

La extradición de "Mini Lic" busca justicia para Javier Valdez y combatir la impunidad en crímenes contra periodistas en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos la extradición de Dámaso López Serrano, conocido como “Mini Lic”, por su presunta participación en el asesinato del periodista Javier Valdez. Valdez, un reportero de renombre especializado en temas de narcotráfico, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, en mayo de 2017.

Avances en el caso del asesinato de Javier Valdez

El hecho conmocionó a la comunidad periodística tanto en México como a nivel internacional, y desde entonces se ha convertido en un caso emblemático en la lucha contra la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas en el país. La FGR ha avanzado en la recopilación de pruebas y testimonios que involucran a “Mini Lic” en este crimen.

En su solicitud de extradición, las autoridades mexicanas sostienen que colaboraron con sus contrapartes estadounidenses para asegurar que López Serrano enfrente a la justicia en México. Además de ser investigado por el asesinato de Valdez, “Mini Lic” es un notorio narcotraficante, hijo de Dámaso López Núñez, alias “Licenciado”, quien fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

“Nuestro compromiso es garantizar la justicia y que estos crímenes no queden impunes”, declaró un portavoz de la FGR. “Este paso es esencial para esclarecer el homicidio de Javier Valdez y enviar un mensaje claro contra la violencia hacia los periodistas”.

Este caso es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades mexicanas para combatir la violencia contra los periodistas en el país. Según cifras estadísticas:

  • Desde el año 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México.
  • En 2022, al menos 11 periodistas fueron asesinados, según diferentes organizaciones.
  • El índice de impunidad en crímenes contra periodistas es del 95%.

La familia de Javier Valdez y organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a no desistir en sus esfuerzos para llevar a todos los responsables ante la justicia. Este caso, según los defensores de la libertad de expresión, es una oportunidad crucial para establecer precedentes en la protección de periodistas en México.