La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado serias deficiencias en el Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, donde recientemente murieron siete internos a raíz de un violento enfrentamiento. Este organismo ha emitido un reproche contundente hacia las autoridades penitenciarias, subrayando la urgente necesidad de reformas tanto en infraestructura como en prácticas de seguridad.
Informe de la CNDH revela negligencias
El informe de la CNDH destaca múltiples fallas en el funcionamiento del penal, advirtiendo que dichas deficiencias ponen en peligro la vida y la seguridad de los internos. Entre los problemas observados se encuentran:
- Falta de personal de seguridad capacitado.
- Condiciones de hacinamiento.
- Deficiencias en los protocolos de emergencia.
- Carencias en la atención médica adecuada.
Ante esta situación, la CNDH ha exigido la implementación de medidas inmediatas por parte del gobierno estatal para mitigar los riesgos y mejorar las condiciones de los presos. El informe señala que uno de los principales problemas es la falta de supervisión efectiva dentro del penal, lo que facilita la ocurrencia de conflictos violentos.
En respuesta a estas críticas, las autoridades penitenciarias afirmaron estar trabajando en un plan de acción para abordar las recomendaciones de la CNDH. Un portavoz dijo:
“Estamos comprometidos a garantizar la seguridad y el bienestar de todos los internos, y ya hemos comenzado a mejorar las instalaciones y aumentar la capacitación del personal”.
A pesar de estas promesas, la CNDH insiste en que se requiere un monitoreo constante para asegurar que las reformas sean efectivas y se mantengan en el tiempo.
El caso del penal en Tabasco no es aislado. Según datos recientes, muchos centros penitenciarios en México enfrentan problemas similares:
- Un 44% de sobrepoblación penitenciaria a nivel nacional.
- Inseguridad generalizada en el 61% de las prisiones evaluadas.
La situación urge a las autoridades a tomar acciones contundentes para evitar futuras tragedias y garantizar los derechos humanos de los internos en el país.
