El retiro de Norma Lucía Piña Hernández de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado un gran revuelo, especialmente debido a las amenazas que enfrentó en las últimas semanas. La ahora ex ministra recibió varias advertencias, algunas de las cuales venían acompañadas de amenazas directas a su integridad física. Estas situaciones han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en el país.

Un contexto preocupante

En el contexto actual, el papel de los ministros de la Suprema Corte es clave para la democracia y el funcionamiento del estado de derecho en México. La salida de Piña Hernández ocurre en un momento crítico, donde el diálogo entre las instituciones judiciales y el poder legislativo es fundamental. La seguridad de cada juez y magistrado cobra gran relevancia, dado el entorno hostil al que se enfrentan.

Algunos datos relevantes del contexto actual son:

• En los últimos años, varios jueces y magistrados han reportado amenazas en su contra.
• La violencia en contra de funcionarios públicos ha aumentado un 20% en los últimos cinco años.

El Consejo de la Judicatura ha señalado la importancia de proteger a los miembros del poder judicial. A través de un comunicado, expresaron su preocupación y reafirmaron su compromiso con la seguridad de sus integrantes. Un portavoz afirmó:

“Es esencial que cada funcionario pueda desempeñar sus labores sin miedo o intimidaciones, garantizando así una judicatura independiente y justa.”

La salida de Piña Hernández no solo marca el fin de su carrera en la Suprema Corte, sino también un llamado a reforzar la seguridad y el respeto hacia quienes desempeñan labores fundamentales para el sistema judicial en México. Se espera que las autoridades atiendan con urgencia esta situación crítica. La respuesta a estas amenazas no puede esperar, pues la justicia de cada ciudadano depende de ello.