En las fronteras de México, el crimen organizado ha implementado un sistema de cobro ilegal a transportistas y comerciantes que cruzan por las áreas aduaneras. Este fenómeno, que se ha incrementado en años recientes, representa un desafío significativo para las autoridades mexicanas, así como para la economía formal e informal del país.

Modus Operandi del Crimen Organizado

Los grupos criminales operan en diversas áreas fronterizas del país, donde imponen sus propios “impuestos” a cambio de permitir el paso de mercancías. Este cobro ilícito afecta tanto a aquellos que transportan productos legales como a quienes mueven mercancías ilegales. Los transportistas que no cumplen con estos pagos enfrentan amenazas de violencia, daños a sus vehículos o retrasos forzados en su recorrido.

Los expertos indican que este problema está vinculado a la debilidad del estado de derecho en ciertas regiones del país, además de una falta de control adecuado por parte de las autoridades aduaneras. La situación ha generado preocupación, ya que impacta directamente en la competitividad y en los costos de los productos, lo cual finalmente afecta a los consumidores y la economía en general.

Datos recientes señalan que:

• El cobro ilegal puede aumentar el costo del transporte hasta en un 20%.
• Los transportistas a menudo deben pagar estas “cuotas” al menos una vez al día.

Un conductor de camiones comentó bajo anonimato:

“No tenemos otra opción. Si no pagamos, no sabemos qué puede pasar. Preferimos pagar para seguir trabajando y evitar problemas mayores”.

Las autoridades aduaneras en México han reconocido la existencia de este fenómeno y se encuentran colaborando con diferentes entidades gubernamentales para tratar de apaciguar la situación y fortalecer la seguridad en las fronteras. Sin embargo, los afectados por estas prácticas ilegales demandan una respuesta más enérgica y eficiente por parte del gobierno para garantizar su seguridad y tranquilidad en el cruce de fronteras.