En México, las comunidades afectadas por el derrame tóxico en el Río Sonora, ocurrido hace nueve años, aún esperan justicia. El desastre ambiental dejó una profunda huella en la región, dañando la salud de los habitantes, afectando su economía y comprometiendo ecosistemas locales. Sin embargo, las personas afectadas temen que el caso termine en el olvido.

Preocupación por la impunidad

El desastre ocurrido en agosto de 2014 fue provocado por el derrame de sustancias tóxicas desde una mina operada por Grupo México, afectando a siete municipios sonorenses. A pesar de los compromisos para remediar los daños y brindar atención a las comunidades, muchos residentes aseguran que no han recibido el apoyo prometido.

Organizaciones civiles y afectados han levantado la voz contra la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para asegurar la reparación completa de los daños. Exigen la implementación de programas de salud y seguridad para los habitantes, así como una revisión rigurosa de la operación de la mina para evitar futuros desastres.

El desastre dejó un impacto duradero en la región. Según datos reportados:

• Se estima que más de 20 mil personas fueron afectadas directamente.
• El río Sonora, fuente vital de agua, se vio contaminado por 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado.
• Varios cultivos quedaron inservibles y la pesca se vio gravemente afectada.

Las comunidades aún esperan una solución justa y efectiva. Como señala uno de los líderes comunitarios:

“No queremos que este caso quede en el olvido, es una cuestión de justicia para nuestras familias y nuestro medio ambiente”.

La presión social y mediática es fundamental para evitar que este desastre quede impune. Las comunidades del Río Sonora continúan luchando por el reconocimiento y la reparación de sus derechos vulnerados.