En un preocupante incidente en Sinaloa, un grupo armado secuestró a un trabajador del periódico El Debate el pasado fin de semana. Este suceso se produce después del ataque perpetrado a las instalaciones del mismo medio en Culiacán el mes pasado, en el que varios sujetos armados irrumpieron violentamente en las oficinas, causando daños materiales y sembrando temor entre los empleados.
El trabajador secuestrado, identificado como Jesús Adrián Mendoza, se desempeñaba como repartidor del periódico en la región. De acuerdo con las autoridades, fue privado de su libertad mientras realizaba sus labores diarias. La desaparición de Mendoza generó alarma y preocupación no solo entre sus colegas, sino también en la comunidad local, quienes exigieron su pronta localización y el esclarecimiento de los hechos.
Reacciones de la comunidad y medidas de seguridad
Frente a estos ataques, los sindicatos de periodistas y organizaciones de derechos humanos han alzado la voz para exigir una mayor protección para los trabajadores de los medios de comunicación en México. Señalan la urgencia de implementar medidas efectivas que garanticen su seguridad, especialmente en regiones donde el narcotráfico ha incrementado la violencia contra la prensa. Un portavoz del sindicato comentó:
“La libertad de prensa es un derecho fundamental y debe ser respetado. Exhortamos a las autoridades a investigar este caso con celeridad.”
En respuesta, las autoridades han prometido reforzar las medidas de seguridad en torno a las oficinas de El Debate y sus trabajadores. Sin embargo, la comunidad está a la expectativa respecto a acciones concretas y resultados visibles en la protección de los comunicadores.
Algunas estadísticas recientes relacionadas con la violencia contra periodistas en México son alarmantes:
- En 2022, se reportaron más de 20 casos de agresiones graves contra periodistas.
- Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país, según organizaciones de derechos humanos.
- El 90% de los casos de violencia contra los medios permanecen impunes.
En este entorno, la comunidad periodística sigue presionando para obtener respuestas y justicia, esperando que este caso no se sume a la larga lista de agresiones sin resolver.