Recientemente, la inclusión de Arabia Saudita como patrocinador oficial del Mundial Femenino de la FIFA 2023 ha generado controversia. La elección del patrocinador, la compañía petrolera saudita Aramco, ha sido objeto de críticas debido al historial del país en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Reacciones de la comunidad internacional

Varias organizaciones de derechos humanos y defensores de la igualdad de género han expresado su preocupación. La FIFA está siendo llamada a reconsiderar su asociación con Aramco. Un grupo de organizaciones, liderado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, envió una carta a la FIFA exigiendo más transparencia sobre el acuerdo.

“La elección de Aramco como patrocinador es preocupante debido a las violaciones de derechos humanos que se documentan en Arabia Saudita”, menciona la carta.

Los críticos también señalan que la decisión contrasta con los esfuerzos de la FIFA por promover la igualdad de género en los deportes. Arabia Saudita ha sido criticada internacionalmente por sus restricciones a los derechos de las mujeres, aunque en los últimos años ha implementado reformas como permitir a las mujeres conducir.

Según la carta enviada a la FIFA, las preocupaciones principales incluyen:

• El uso de un patrocinador del sector petrolero, que se contrapone a las metas de sostenibilidad ambiental promovidas por la FIFA.
• El historial de derechos humanos de Arabia Saudita, particularmente en cuanto a la igualdad de género.

En respuesta, la FIFA ha defendido su decisión argumentando que busca diversificar sus fuentes de financiamiento y que cualquier colaboración con Aramco se realizaría bajo lineamientos que promuevan los principios fundamentales de la organización. Sin embargo, para muchos, esta respuesta no es suficiente para abordar las preocupaciones planteadas.

Históricamente, la FIFA ha sido criticada por sus elecciones de patrocinadores y sedes de eventos, con argumentos sobre los derechos humanos y condiciones laborales en países anfitriones. Este caso vuelve a poner en el centro de atención el debate sobre las responsabilidades sociales de las organizaciones deportivas internacionales.