En el panorama de inseguridad que enfrenta México, un reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha destacado a los estados más violentos del año 2024 en cuanto a homicidios dolosos. Este reporte revela cuáles han sido las entidades federativas con mayor incidencia de este delito, un indicador alarmante de la violencia que padece el país.
Estados más afectados por la violencia
El informe del SESNSP detalla cuántos homicidios dolosos se han registrado en promedio diario en cada estado, subrayando una problemática que sigue siendo un desafío significativo para el gobierno y la sociedad civil. Entre los estados más afectados se encuentran Guerrero, Michoacán y Guanajuato. Estos estados han mostrado cifras alarmantes que exigen medidas concretas para mejorar la seguridad y reducir la criminalidad.
En Guerrero, la situación de violencia ha sido crítica durante años, siendo reflejada en un promedio diario de homicidios que sigue situando al estado entre los más peligrosos del país. Michoacán, conocida por la actividad de grupos delictivos, mantiene una alta tasa de homicidios, afectando la vida cotidiana de sus habitantes. Guanajuato, que ha tenido un incremento en la violencia en los últimos años, continúa enfrentando desafíos significativos.
Otros estados que también registran cifras altas incluyen:
- Baja California
- Estado de México
- Jalisco
- Chihuahua
De acuerdo con el SESNSP, el promedio diario de homicidios dolosos en el país es una cifra que debe ser atendida con urgencia, pues impacta no solo la seguridad sino también el desarrollo económico y social de las regiones afectadas. Especialistas en seguridad han reiterado la necesidad de estrategias efectivas y colaboración entre distintos niveles de gobierno para enfrentar esta problemática.
En palabras de un experto en seguridad,
“la coordinación entre fuerzas federales y estatales es crucial para reducir estas cifras y garantizar la seguridad de los ciudadanos”
.
El reporte del SESNSP vuelve a encender la alerta sobre la necesidad de políticas públicas enfocadas no solo en la reacción ante el crimen, sino en la prevención y creación de oportunidades que inhiban la violencia. Es esencial que estas estrategias sean implementadas de manera eficaz para mejorar las condiciones de vida y seguridad en las regiones más afectadas del país.