El reciente decreto presidencial ha dejado a varios órganos autónomos en México en una situación precaria, poniendo en riesgo su funcionamiento y efectividad. La medida, publicada el pasado 1 de abril, elimina el financiamiento adecuado para varias instituciones clave, dejándolas desprotegidas y sin los recursos necesarios para operar correctamente, convirtiéndolas en lo que algunos analistas denominan “zombis institucionales”.

Consecuencias del Decreto

El impacto del decreto afecta a varias instituciones que, hasta ahora, habían desempeñado papeles fundamentales en la gobernanza y transparencia del país. Los analistas advierten que la falta de recursos podría llevar a un debilitamiento significativo en la capacidad de estos órganos para cumplir sus funciones, socavando así el estado de derecho y la confianza ciudadana.

Entre las principales instituciones afectadas se encuentran:

• El Instituto Nacional Electoral (INE)
• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Según expertos en política, la falta de financiamiento puede llevar a una situación crítica donde las instituciones no sean capaces de realizar sus actividades básicas como auditorías, supervisiones y el mantenimiento de plataformas digitales esenciales.

“Este decreto representa un serio retroceso para la democracia mexicana. La autonomía de estas instituciones es crucial para asegurar un funcionamiento transparente y justo del Estado”, afirmó María González, experta en gobernanza pública.

En términos de cifras, los presupuestos asignados a estos órganos han disminuido significativamente, lo cual podría reflejarse en una menor eficiencia e independencia. Las consecuencias de esta medida podrían observarse a corto plazo en los siguientes indicadores:

• Reducción del 30% en el presupuesto operativo del INE.
• Recortes del 25% para el INAI.
• Disminución del 20% en los recursos asignados a la CNDH.

Los críticos del gobierno argumentan que estas acciones socavan la estructura democrática y favorecen un ambiente propicio para la concentración del poder. Mientras tanto, el gobierno defiende el decreto argumentando que es necesario para la reorientación de los recursos hacia áreas más prioritarias según su agenda.

La comunidad internacional y los expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por estas medidas, instando al gobierno mexicano a reconsiderar su decisión y a buscar un equilibrio que garantice tanto la eficiencia del gasto como la protección de las instituciones autónomas.