El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha decidido desvincularse de la situación relacionada con la toma de protesta de un regidor en Torreón, dejando que sea el Poder Judicial quien determine el curso de acción. Esta determinación fue comunicada a través de una declaración de la consejera presidente del IEC, quien subrayó que la responsabilidad de resolver este asunto no recae en su institución.

La controversia jurídica

El caso tiene sus raíces en un desacuerdo sobre la validez de la designación de un regidor, lo que ha llevado a una serie de impugnaciones legales. Ante esta situación, el IEC ha aclarado que su papel en el proceso electoral y la asignación de cargos concluyó con la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de la contienda electoral más reciente.

Sobre este tema, la consejera presidente expresó:

“La decisión sobre si debe o no tomar protesta un regidor corresponde exclusivamente al Poder Judicial, ya que las instituciones electorales no tienen autoridad para intervenir en asuntos que ya están siendo dirimidos en los tribunales.”

El conflicto ha generado una gran expectación en la comunidad, dado que afecta la composición del cabildo en uno de los municipios más importantes del estado. La falta de claridad sobre la situación del regidor podría tener implicaciones en las decisiones administrativas locales.

Datos estadísticos más recientes sobre la participación electoral en la región indican:

• Un incremento del 5% en la participación electoral respecto a las elecciones anteriores.
• Más de 1 millón de votantes registrados en la última contienda electoral.
• Un margen de victoria de menos del 2% en varias carreras municipales.

Por su parte, el Poder Judicial se encuentra en proceso de análisis de las pruebas presentadas por las partes involucradas. Se espera que una resolución se alcance en las próximas semanas, la cual podría, eventualmente, requerir la intervención de otras instancias, dependiendo del dictamen judicial.

La consejera presidente finalizó su intervención manifestando su confianza en que el proceso se resolverá conforme a derecho y en estricto apego a las leyes vigentes del estado.