En la Ciudad de México, se ha dado un paso significativo en la lucha por los derechos de las personas transgénero con la creación de la primera Unidad de Investigación de Transfeminicidio en el país. Esta medida busca atender de manera efectiva y especializada los crímenes de odio en contra de las mujeres trans, un problema que ha sido desatendido durante mucho tiempo.
Aumentan los casos de transfeminicidio
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha respondido a la creciente preocupación por el aumento de los transfeminicidios. Según datos de diversas organizaciones, México es uno de los países con una de las tasas más altas de violencia contra las personas trans a nivel mundial.
La nueva unidad estará compuesta por especialistas capacitados específicamente en temas de género y derechos humanos. Se espera que esta iniciativa no solo ofrezca una respuesta adecuada y diligente a las víctimas y sus familias, sino que también sirva como un modelo para otras entidades del país.
- En México, se registraron 56 asesinatos de personas trans en 2021.
- Desde 2013, se han documentado más de 500 transfeminicidios en el país.
La creación de la Unidad de Investigación de Transfeminicidio responde a las demandas de activistas y colectivos que han trabajado incansablemente para visibilizar esta problemática. Estos esfuerzos se han enfocado en exigir justicia para las víctimas y en implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y los derechos de la comunidad trans.
“Es un avance histórico que reconozcamos la gravedad de estos actos y tomemos medidas específicas para combatirlos”, afirmó un portavoz de la organización por los derechos de las personas trans.
Se espera que esta iniciativa pueda ofrecer una respuesta justa y eficiente en la investigación de estos crímenes, trabajando de la mano con las víctimas y movilizando recursos para investigar y procesar estos casos con el rigor que merecen.
Con la creación de la unidad, las autoridades de la Ciudad de México buscan sentar un precedente y extender estas prácticas a nivel nacional, con el fin de erradicar la impunidad y garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su identidad de género.