En un contexto donde las preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos son cada vez más relevantes, TikTok se enfrenta nuevamente a desafíos legales en los Estados Unidos. La empresa matriz del popular servicio de videos cortos, ByteDance, está apelando una orden emitida por Montana que prohíbe el uso de la aplicación en ese estado, lo cual se alinea con las crecientes tensiones entre Washington y Beijing.
Detalles del proceso judicial
La prohibición de TikTok en Montana fue aprobada en mayo, fundamentándose en preocupaciones sobre la posible extracción de datos por parte del gobierno chino. ByteDance argumenta que esta medida es inconstitucional y ha procedido a presentar una apelación ante un tribunal federal para revertir la decisión.
Las autoridades de Montana han manifestado que la aplicación podría comprometer la seguridad nacional debido a sus vínculos con China. Sin embargo, TikTok sostiene que sus operaciones en Estados Unidos son independientes y que no comparten datos con Pekín. Insertando un nuevo capítulo en este saga legal, la empresa afirmó:
“Seguiremos luchando por nuestros derechos y los de nuestros usuarios en Estados Unidos.”
El caso de Montana es observado de cerca debido a que podría sentar un precedente para otras jurisdicciones en el país que consideren implementar restricciones similares.
En paralelo, otros estados han impulsado regulaciones más estrictas para aplicaciones extranjeras, alineándose con una política nacional más rigurosa hacia empresas tecnológicas de origen chino.
A continuación, algunos datos relevantes del caso:
- La prohibición de TikTok en Montana está programada para entrar en vigor en enero de 2024.
- La demanda de ByteDance busca argumentar que la medida viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
- Montana es el primer estado en imponer una prohibición total de la aplicación, aunque ya es restringida en dispositivos gubernamentales.
Por ahora, se espera que este asunto llegue a los tribunales de manera más amplia, mientras empresas y legisladores continúan debatiendo sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades individuales.
