La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado la controversia presentada por el municipio de Colima en contra del denominado “decretazo” emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este decreto, proclamado en noviembre de 2021, clasificaba como de seguridad nacional y de interés público las obras prioritarias de su administración, otorgándoles un procedimiento expedito de permisos y trámites.

Decisión de la SCJN y sus implicaciones

La controversia constitucional fue desestimada por la SCJN al considerarse que el municipio no tenía interés legítimo para impugnar el decreto. No obstante, el fallo ha generado expectativas sobre la postura del máximo tribunal respecto a otras impugnaciones similares, que están en espera de resolución.

El “decretazo” ha sido objeto de críticas debido a que algunos sectores consideran que podría limitar la transparencia y el acceso a la información sobre los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Organizaciones civiles han manifestado su inquietud por la potencial opacidad que podría generar la clasificación de estas obras como asuntos de seguridad nacional.

“La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de la democracia”, comentó un representante de la sociedad civil.

Los proyectos más destacados que el “decretazo” busca proteger incluyen:

• El Tren Maya.
• El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
• La refinería de Dos Bocas.

Este fallo de la SCJN no sólo refuerza el poder del ejecutivo en la gestión de sus proyectos, sino también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las facultades del gobierno y el derecho de los ciudadanos a estar informados.